Cobro de deudas en Ucrania

El procedimiento de cobro de deudas en Ucrania comienza con el análisis de los indicadores financieros del deudor, su área de actividad, el historial de la empresa, la disponibilidad de pruebas documentales de la deuda, los casos judiciales y procedimientos de ejecución en curso y la posibilidad de impugnar la deuda. Este análisis conforma la estrategia que se utilizará para recuperar la deuda.

Si el deudor no tiene causas judiciales en curso ni sentencias pendientes sobre el cobro de la deuda y se dedica activamente a su negocio, es aconsejable pasar a la fase de cobro extrajudicial informal de la deuda.

Esta etapa implica negociaciones activas con el deudor para llegar a un acuerdo de pago de los créditos del acreedor u otras posibles opciones de solución (por ejemplo, devolución de bienes, transferencia de la deuda a un tercero, intercambio de servicios o bienes). 

El contacto con el deudor comienza inmediatamente después del envío de la notificación por correo postal, correo electrónico, teléfono o mensajero. Este proceso implica una comunicación intensiva con el deudor para ejercer una presión constante. La tarea principal es establecer contacto con los tomadores de decisiones clave para lograr un rápido pago de la deuda.

El plazo medio para el cobro extrajudicial informal es de hasta 60 días (a menos que se acuerde el pago a plazos). Si esta fase no da los resultados esperados, o tras un análisis inicial queda claro que no procede, es necesario proceder al cobro de la deuda por vía judicial.

Antes de iniciar acciones legales, debe prestar atención al plazo de prescripción. El plazo de prescripción para el cobro de deudas es de 3 años. El incumplimiento del plazo de prescripción no impide que el acreedor acuda a los tribunales, pero si el deudor presenta una petición ante el tribunal para aplicar las consecuencias del incumplimiento del plazo de prescripción, el reclamo será denegado. El plazo de prescripción podrá ampliarse por acuerdo de las partes. El transcurso del plazo de prescripción se interrumpe si el deudor ha reconocido la obligación de la deuda mediante confirmación escrita, pago parcial, pago de intereses u otra acción que implique reconocimiento de la deuda. Después de la interrupción, el plazo de prescripción comienza a contar nuevamente.

Los acreedores extranjeros deben tener en cuenta que Ucrania es parte de la Convención de las Naciones Unidas de 1974 sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercancías y, por lo tanto, si un acreedor extranjero está registrado en un país que también es parte de esta convención, el plazo de prescripción en este caso serán 4 años.

Antes de acudir a los tribunales, es importante tener en cuenta el procedimiento de resolución de disputas acordado por las partes en el contrato. Si el contrato prevé la resolución de disputas mediante un procedimiento de reclamación, esta condición deberá cumplirse antes de presentar una reclamación. En caso contrario, la reclamación quedará sin consideración. Si en el contrato no se acuerda la transacción previa al juicio o ésta no es obligatoria debido a las disposiciones de la ley procesal, este procedimiento sólo se aplicará a petición del acreedor.

La legislación de Ucrania prevé el cobro judicial de deudas de forma simplificada y ordinaria para el examen de los casos.

El procedimiento simplificado está previsto para casos sencillos con un precio de reclamación pequeño y el caso se examina sin citar a las partes sobre la base de documentos escritos. 

Para todos los demás casos, se prevé el procedimiento ordinario de examen con citación de las partes a las audiencias judiciales.

La ley establece un plazo de dos meses para el examen de un asunto en el procedimiento simplificado, y de tres meses para el procedimiento ordinario. En la práctica, estos plazos no se respetan y, por término medio, el proceso de recuperación judicial dura de seis a quince meses.

Después de que el tribunal emite su decisión, cada parte del caso tiene derecho a apelar dicha decisión, la cual debe ser considerada según la ley en un plazo de dos meses. En la práctica, este plazo puede extenderse varios meses más.

Tras la revisión en apelación, la decisión del tribunal entra en vigor el día de su pronunciamiento. No obstante, tanto el demandante como el demandado tienen derecho a presentar un recurso de casación si existen fundamentos previstos para ello.

El plazo para la consideración del recurso de casación es de un mes a partir de la apertura del procedimiento. En la práctica, el tiempo real para esta revisión varía de uno a tres meses. Durante la apelación en casación, la ejecución de la decisión que ha entrado en vigor legalmente puede ser suspendida.

Una vez que la decisión judicial sobre el cobro de deudas entre en vigor, es necesario obtener un documento ejecutivo y, sobre su base, abrir la tercera etapa: el procedimiento de ejecución. Si el acreedor es un no residente en Ucrania que en su país recibió una decisión judicial contra un deudor ucraniano, entonces en este caso es necesario reconocer la decisión de un tribunal extranjero en Ucrania y obtener permiso para ejecutarla. Este procedimiento se lleva a cabo en el marco de un proceso judicial independiente y está regulado por un acuerdo bilateral internacional entre Ucrania y el país del acreedor sobre asistencia jurídica mutua o por el principio de reciprocidad, en ausencia de dicho acuerdo. La esencia del principio de reciprocidad es que el acreedor debe demostrar que en su país las decisiones judiciales de Ucrania también son reconocidas y ejecutadas. El factor clave para el reconocimiento exitoso de una sentencia extranjera es la presencia de pruebas de que el deudor ucraniano fue debidamente notificado de la demanda extranjera en su contra. El plazo para presentar una decisión judicial para su ejecución es de tres años, incluso en el caso de una decisión de un tribunal extranjero. En esta etapa, el ejecutor público o privado realiza el cobro coercitivo de la deuda mediante el embargo de las cuentas del deudor y la transferencia de fondos desde ellas, el embargo de activos y su venta con el fin de liquidar la deuda, o mediante la realización de otras acciones ejecutivas.

La mayoría de las veces, con el objetivo de evitar el pago de la deuda mediante el embargo de los activos del deudor, muchos deudores, personas físicas, transfieren sus activos a personas controladas, y los empresarios o propietarios de empresas deudoras vacían la empresa y la transfieren a propietarios o directores nominales (ficticios). En última instancia, esto lleva a que el acreedor pase por tres etapas de recuperación de la deuda, pero finalmente no obtenga la satisfacción de sus reclamaciones.

En tales circunstancias, existen opciones alternativas para el cobro de deudas, entre las que cabe destacar las siguientes:

1. Iniciación de un procedimiento concursal contra la empresa del deudor, en el curso del cual es posible exigir la responsabilidad subsidiaria de la dirección y de los propietarios de la empresa por las deudas de la misma.
2. Inicio de acciones penales contra la dirección de la empresa deudora por no ejecutar la resolución judicial de cobro de deudas (esta opción también es aplicable a deudores – personas físicas).
3. Detección de transacciones fraudulentas. En otras palabras, es una transacción en la cual la empresa deudora, al ser consciente de su deuda con el acreedor, realiza acciones para transferir sus activos con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte de dicho acreedor. En tal caso, el acreedor tiene derecho a iniciar a través de los tribunales el reconocimiento de tales transacciones como inválidas y recuperar los activos transferidos de vuelta al deudor. Posteriormente, podría satisfacer sus reclamos mediante la venta de dichos activos (esta opción también es aplicable a deudores – personas físicas).

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03.07.2024

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