Cobro de deudas en Noruega

El cobro de deudas en Noruega debe comenzar con una evaluación práctica del deudor, de los documentos que confirman la deuda y de la vía jurídica disponible conforme al derecho noruego. Si el deudor es una empresa noruega, conviene comprobar su denominación registrada, número de organización, estado de actividad, personas autorizadas para representarla, cuentas anuales disponibles, garantías registradas, información sobre quiebra, negociaciones de deuda, reestructuración y otros indicios que puedan influir en las posibilidades reales de ejecución posterior.

El acreedor también debe analizar el contrato, las facturas, los documentos de entrega, la correspondencia, los recordatorios de pago, los reconocimientos de deuda, los pagos parciales, el pago de intereses y las posibles objeciones del deudor. En Noruega, esta revisión previa es especialmente importante, porque la vía posterior puede depender de si la reclamación es indiscutida, discutida, ya confirmada por una decisión judicial o apta para medidas de ejecución sobre la base de una reclamación monetaria escrita.

Si el deudor sigue activo, no existen indicios evidentes de insolvencia y la deuda está respaldada por documentos, la primera etapa práctica suele ser el cobro extrajudicial de deudas en Noruega. En esta etapa puede aclararse la posición del deudor, solicitarse el pago voluntario, conservarse las pruebas de comunicación y decidirse si el asunto debe continuar mediante conciliación, procedimiento judicial, ejecución o medidas relacionadas con la insolvencia.

El cobro extrajudicial de deudas en Noruega está regulado por las normas noruegas sobre recuperación de reclamaciones monetarias vencidas. La actividad profesional de cobro exige, por regla general, la autorización correspondiente, y la recuperación de deudas debe realizarse de forma correcta, documentada y proporcional. Por ello, la comunicación con el deudor debe ser verificable, jurídicamente controlada y libre de presión injustificada, perjuicio o molestias excesivas.

La legislación noruega sobre cobro de deudas regula tanto las actuaciones del propio acreedor para recuperar reclamaciones monetarias vencidas como la actividad profesional de cobro. Su finalidad es asegurar una recuperación responsable, documentada y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses del acreedor, del deudor, del sector de cobro y del mercado crediticio.

Después del vencimiento inicial del pago, el acreedor puede enviar al deudor una notificación escrita indicando que el asunto puede ser remitido a cobro. Esta notificación debe conceder un plazo de pago de 14 días, identificar claramente la reclamación y advertir que, si no se paga, el asunto puede pasar a una fase de cobro. Si el acreedor desea cobrar una comisión por recordatorio, también deben cumplirse los requisitos sobre el momento y el importe de dicha comisión.

Una vez remitida la reclamación al cobro, puede enviarse un requerimiento de pago. En la secuencia ordinaria, este requerimiento no debe enviarse antes de que hayan transcurrido 14 días desde la notificación de posible cobro y debe conceder al deudor al menos 14 días para pagar. Si el deudor no paga, el acreedor debe distinguir entre una falta de respuesta y una objeción sustancial contra la reclamación. Cuando la reclamación es discutida, normalmente será necesaria una decisión de un órgano de conciliación o de un tribunal, salvo que las objeciones del deudor sean manifiestamente infundadas.

Los intereses de demora y la compensación fija por los gastos de recuperación pueden ser relevantes, especialmente en reclamaciones comerciales. En Noruega, el tipo de interés de demora y las reglas de compensación son fijados periódicamente por las autoridades competentes. Por ello, el acreedor debe calcular los intereses, gastos y cantidades recuperables conforme a las reglas aplicables al período correspondiente y al tipo de deudor.

Algunas reclamaciones monetarias pueden tratarse de forma diferente si el acreedor ya cuenta con una base válida para la ejecución conforme al derecho noruego. Una decisión judicial, una resolución, un laudo arbitral o un acuerdo judicial pueden constituir dicha base. En determinadas situaciones, una factura u otra reclamación monetaria escrita también puede utilizarse para solicitar el embargo, si se cumplen las condiciones legales. Esta distinción es importante porque el acreedor no siempre necesita obtener una nueva decisión judicial, pero el documento utilizado debe cumplir realmente los requisitos legales para servir de base de ejecución.

Antes de pasar de las negociaciones a una vía formal de recuperación, el acreedor debe comprobar los plazos de prescripción aplicables al cobro de deudas en Noruega. El plazo general de prescripción para muchas reclamaciones monetarias es de 3 años. Una vez vencido este plazo, el acreedor puede perder la posibilidad de exigir eficazmente la deuda. El curso de la prescripción puede interrumpirse cuando el deudor reconoce su obligación frente al acreedor, ya sea expresamente o mediante su conducta, por ejemplo, prometiendo pagar, realizando un pago parcial o pagando intereses.

Después de la interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción. Este análisis debe realizarse antes de remitir el asunto a un órgano de conciliación, a un tribunal o a las autoridades de ejecución, porque una reclamación prescrita puede ser difícil de recuperar incluso cuando los documentos confirman la existencia de la deuda.

En las deudas comerciales internacionales, la Convención de las Naciones Unidas de 1974 sobre la prescripción en la compraventa internacional de mercaderías puede ser relevante únicamente cuando la reclamación entra en su ámbito de aplicación. Esta convención se refiere a reclamaciones derivadas de contratos de compraventa internacional de mercaderías y prevé un plazo de prescripción de cuatro años para tales reclamaciones. No debe presentarse como una regla general de cuatro años para toda deuda internacional relacionada con Noruega.

La legislación noruega prevé el cobro judicial de deudas mediante un procedimiento judicial general y un procedimiento aplicable a reclamaciones de escasa cuantía.

En muchos litigios de pago, la vía práctica hacia el cobro judicial de deudas en Noruega también puede incluir una fase de conciliación. El órgano de conciliación puede ayudar a las partes a resolver el conflicto mediante mediación y, en determinados casos, dictar una decisión sobre la reclamación. Esta etapa es especialmente importante cuando el deudor discute la deuda y el acreedor necesita una decisión formal antes de avanzar hacia la ejecución.

El procedimiento judicial general comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente. La demanda debe permitir al tribunal evaluar su competencia, identificar a las partes, comprender los fundamentos fácticos y jurídicos de la deuda, notificar los documentos al demandado y comunicarse con las partes durante el procedimiento.

Si el tribunal admite la demanda y no exige una respuesta oral, el demandado normalmente recibe un plazo para presentar una respuesta escrita. En la práctica, este plazo suele ser de tres semanas. Tras recibir la respuesta, o después de que venza el plazo sin respuesta, el tribunal prepara la tramitación posterior del caso. En los litigios civiles ordinarios de pago, el asunto suele resolverse después de una vista principal, salvo que resulte más adecuado un procedimiento escrito o una combinación de procedimiento escrito y vista.

Las partes pueden, con el consentimiento del tribunal, acordar que la decisión se adopte mediante procedimiento escrito o mediante una combinación de procedimiento escrito y vista. Esta opción procede cuando permite una resolución más eficaz y económica del litigio.

Si resulta evidente que la reclamación no puede prosperar en ninguna medida, o que la defensa frente a la reclamación es manifiestamente infundada en su conjunto, el tribunal puede permitir, a solicitud de parte, una tramitación simplificada del asunto.

Después de examinar el caso, el tribunal dicta una decisión, que adquiere firmeza una vez transcurrido el plazo de apelación si no se presenta recurso.

El procedimiento aplicable a reclamaciones de escasa cuantía se utiliza para litigios con un valor inferior a 250.000 coronas noruegas. Los asuntos de mayor valor, así como los litigios que no se refieren únicamente a una suma de dinero, también pueden tramitarse por esta vía si ambas partes están de acuerdo y el tribunal lo consiente. Este procedimiento está diseñado para ser más rápido y menos costoso que un procedimiento judicial ordinario. La vista final normalmente es oral, pero más sencilla que una vista principal completa, y el tribunal puede decidir una tramitación escrita si las partes lo desean. La decisión del tribunal debe estar lista a más tardar tres meses después de la recepción de la demanda y suele dictarse dentro de la semana siguiente a la vista.

La parte que no esté conforme con la decisión del tribunal de primera instancia puede presentar apelación ante el tribunal de apelación. El plazo de apelación suele ser de un mes desde el momento en que la parte tuvo conocimiento de la decisión, aunque las normas procesales noruegas prevén ciertos períodos durante los cuales dicho plazo puede no correr, salvo que el tribunal disponga lo contrario. La apelación normalmente se presenta a través del tribunal que dictó la decisión; después se remite a la parte contraria para respuesta y el expediente se envía al tribunal de apelación.

El tribunal de apelación puede negarse a examinar la apelación total o parcialmente si considera que la decisión del tribunal de primera instancia no será modificada. También puede negarse a examinar una apelación contra una sentencia relativa a un valor inferior a 250.000 coronas noruegas. Por ello, la fase de apelación no debe considerarse como una segunda revisión completa y automática de todo litigio de deuda, especialmente cuando el valor en disputa es bajo o los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión de primera instancia son sólidos.

La decisión del tribunal de apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Noruega, pero esta apelación no puede ser examinada sin autorización para su admisión. La autorización se concede únicamente cuando la apelación plantea cuestiones que tienen importancia más allá del caso concreto, o cuando por otras razones especiales resulta importante que el asunto sea resuelto por el Tribunal Supremo.

La autorización de apelación puede limitarse a determinadas pretensiones o a determinados motivos de apelación, incluidas cuestiones concretas sobre la aplicación del derecho, el desarrollo del procedimiento o la base fáctica de la decisión. Por ello, la etapa ante el Tribunal Supremo no es una nueva revisión completa y automática de todo litigio de deuda, sino un control limitado de apelación para asuntos que justifican el examen en el nivel judicial más alto.

Si se necesita una preparación adicional, el Tribunal Supremo o su comité de apelación puede exigir a las partes explicaciones escritas sobre cuestiones fácticas o jurídicas concretas, y el examen puede limitarse a los puntos admitidos. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva y no está sujeta a una apelación ordinaria posterior.

Después de obtener una decisión judicial firme, un laudo arbitral, un acuerdo judicial u otra base válida de ejecución, el acreedor puede solicitar la ejecución forzosa ante las autoridades noruegas competentes. Una decisión judicial generalmente puede presentarse para ejecución dentro de los diez años desde el momento en que se vuelve ejecutable. Antes de presentar la solicitud de ejecución, el acreedor debe identificar correctamente al deudor, el documento que sirve de base de ejecución, la cantidad pendiente, los intereses acumulados y los bienes o ingresos sobre los que realmente pueden adoptarse medidas de ejecución.

La ejecución forzosa en Noruega puede dirigirse contra fondos en cuentas bancarias del deudor, reclamaciones frente a terceros, bienes muebles, bienes inmuebles, valores u otros derechos patrimoniales embargables. Si el deudor es una persona física, también puede ser relevante la deducción del salario o de otras prestaciones, siempre que se cumplan las condiciones legales. Si la ejecución no produce el pago, su resultado puede seguir siendo útil, porque puede confirmar la ausencia de bienes embargables, apoyar una estrategia posterior de insolvencia o mostrar si el deudor evita deliberadamente cumplir su obligación.

Las decisiones judiciales extranjeras y los laudos arbitrales deben evaluarse por separado antes de proceder a la ejecución en Noruega. Si el acreedor ya cuenta con una decisión extranjera en un asunto civil o comercial, la posibilidad de reconocimiento y ejecución depende del Estado de origen de la decisión, del marco internacional aplicable y de si el asunto entra dentro de ese marco. Para las decisiones procedentes de Estados incluidos en el sistema europeo aplicable, Noruega participa en un régimen sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones civiles y comerciales.

Los laudos arbitrales extranjeros suelen evaluarse conforme al marco internacional de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, sujeto a sus condiciones y reservas aplicables. Para el acreedor, la cuestión práctica no es solo si existe una decisión extranjera, sino también si puede servir como base de ejecución en Noruega, si el deudor tiene bienes en Noruega y si la ejecución debe coordinarse con procedimientos en otros Estados donde el deudor tenga activos o actividad.

Si el deudor presenta indicios de insolvencia, debe considerarse un procedimiento de quiebra en Noruega. La insolvencia significa que el deudor no puede cumplir sus obligaciones a su vencimiento, salvo que la incapacidad de pago sea únicamente temporal. No existe insolvencia si los bienes y los ingresos del deudor, considerados en conjunto, son suficientes para cubrir íntegramente sus obligaciones, aunque el pago se retrase porque primero deban realizarse activos.

La quiebra no sustituye a todo asunto ordinario de cobro de deudas. Es un procedimiento colectivo sobre el patrimonio del deudor, llevado a cabo en interés de los acreedores conforme a las reglas de insolvencia. Para el acreedor puede ser relevante cuando la ejecución ordinaria resulta ineficaz, la actividad del deudor se ha detenido de hecho, se están desviando activos o un procedimiento colectivo puede revelar operaciones, preferencias o actos de administración que hayan afectado a las posibilidades de recuperación.

Durante la quiebra, el deudor puede estar sujeto a restricciones judiciales, incluidas restricciones para salir del país o de un territorio determinado sin autorización del tribunal, cuando se cumplen las condiciones legales. El tribunal también puede imponer una prohibición relacionada con la quiebra cuando exista sospecha razonable de un delito vinculado a la quiebra o a la actividad que condujo a la insolvencia, o cuando una conducta empresarial irresponsable muestre que la persona no debe crear una nueva empresa ni ejercer funciones de miembro del órgano de administración, suplente o gerente.

Esta prohibición generalmente significa que, durante dos años, la persona afectada no puede crear una empresa ni ocupar o ejercer efectivamente nuevas funciones como miembro del órgano de administración, suplente o gerente. El tribunal puede decidir que el período de dos años se cuente desde la fecha de su decisión. Estas reglas pueden ser relevantes no solo para el propio deudor, sino también para las personas controladoras que administraron al deudor durante el período pertinente anterior a la apertura de la quiebra.

Las negociaciones de deuda pueden preceder al procedimiento de quiebra. Un deudor que no puede cumplir sus obligaciones a tiempo puede solicitar al tribunal la apertura de negociaciones de deuda para alcanzar un acuerdo voluntario con los acreedores o, si se cumplen las condiciones legales, un acuerdo obligatorio.

Durante las negociaciones de deuda, el deudor normalmente conserva el control de su actividad y de sus bienes, pero actúa bajo la supervisión de un comité de acreedores. El deudor debe dar a este comité acceso a la información necesaria para supervisar la actividad empresarial y los asuntos financieros, y debe cumplir sus instrucciones dentro del alcance del procedimiento.

Sin autorización del comité de acreedores, el deudor no debe crear ni ampliar deudas, gravar, enajenar o arrendar bienes inmuebles, locales comerciales o activos de importancia significativa. Si las negociaciones no conducen a un acuerdo viable, el tribunal puede cerrarlas y el asunto puede pasar al procedimiento de quiebra.

Como vía jurídica alternativa, las vulneraciones de los derechos de los acreedores deben evaluarse solo cuando la conducta del deudor revela algo más que una simple falta de pago. Esto puede ser relevante en caso de ocultación de bienes, disposición injustificada de activos, preferencia indebida de determinados acreedores, obstaculización de la ejecución, información falsa en procedimientos relacionados con la insolvencia o incumplimiento de obligaciones vinculadas a las negociaciones de deuda.

El derecho penal noruego contiene normas específicas sobre delitos contra los acreedores. Esta evaluación no sustituye a la reclamación civil, al procedimiento judicial ni a la base de ejecución, pero puede influir en la estrategia del acreedor cuando la conducta del deudor indica una voluntad consciente de eludir a los acreedores o actos que han reducido los bienes disponibles para el pago.

Si necesita apoyo en el cobro internacional de deudas en Noruega, Grandliga puede ayudar con la evaluación del deudor, el análisis de documentos, las actuaciones extrajudiciales, la preparación de una conciliación o de un procedimiento judicial, la ejecución de decisiones noruegas o extranjeras y el desarrollo de una estrategia relacionada con la insolvencia. La vía adecuada debe elegirse después de analizar el contrato, las facturas, la correspondencia, el plazo de prescripción, el estado del deudor, los bienes disponibles y si la reclamación es discutida.

15.07.2024

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