Cobro de deudas en Chile

El procedimiento de cobro de deudas en Chile comienza con una evaluación jurídica, financiera y registral del deudor. En esta etapa se revisan la identificación correcta del deudor, su RUT cuando corresponda, la vigencia de la sociedad, los poderes de sus representantes, la actividad real de la empresa, la documentación que acredita la deuda, las causas civiles o ejecutivas en curso, los procedimientos de ejecución pendientes, los signos de insolvencia y la existencia de bienes registrables o embargables en Chile.

En reclamaciones comerciales, esta revisión debe incluir contratos, órdenes de compra, facturas electrónicas, guías de despacho, comprobantes de entrega o prestación de servicios, correspondencia comercial, reconocimientos de deuda, pagos parciales, garantías, pagarés, letras de cambio, cheques, escrituras públicas y cualquier documento que permita determinar si la reclamación puede tramitarse mediante juicio ejecutivo o si primero será necesario obtener una sentencia declarativa.

Si el deudor continúa operando, no existen signos claros de insolvencia y la documentación permite sostener la reclamación, puede iniciarse una fase extrajudicial orientada a obtener el pago voluntario, documentar la posición del deudor y preparar la vía judicial adecuada. Si desde el análisis inicial se confirma que el acreedor cuenta con un título ejecutivo, una factura con mérito ejecutivo o una sentencia exigible, la estrategia puede orientarse directamente hacia una vía judicial o de ejecución más eficaz.

La etapa de cobro extrajudicial en Chile se basa en comunicaciones documentadas con el deudor, revisión de la deuda, negociación de un pago total o parcial y preparación de una solución que no debilite la posición jurídica del acreedor. El acuerdo puede consistir en un calendario de pagos, devolución de bienes, reconocimiento escrito de deuda, constitución de una garantía, compensación, cesión del crédito o una solución comercial equivalente.

El contacto con el deudor puede realizarse por correo postal, correo electrónico, teléfono, mensajería u otros canales disponibles, conservando prueba del envío, del contenido de la reclamación y de las respuestas recibidas. En operaciones de consumo, la cobranza extrajudicial está sujeta a límites específicos: la comunicación debe informar correctamente la mora, respetar la proporcionalidad, la razonabilidad, la transparencia, la veracidad, la dignidad del consumidor y la privacidad del hogar, además de observar los límites de frecuencia y contenido previstos por la legislación chilena.

El plazo operativo habitual para el cobro extrajudicial informal puede ser de hasta 60 días, salvo que las partes documenten un pago por cuotas u otra solución. Si el deudor no responde, niega la deuda sin base suficiente, incumple un acuerdo, oculta información patrimonial o el análisis inicial muestra que la vía amistosa no es adecuada, corresponde preparar el cobro judicial de deudas en Chile según el documento disponible, la cuantía, la prescripción y la ubicación de los activos.

Antes de iniciar acciones legales, debe revisarse el plazo de prescripción aplicable a la reclamación. En Chile, el Código Civil establece como regla general tres años para las acciones ejecutivas y cinco años para las acciones ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años y, convertida en ordinaria, dura solamente otros dos años. Por ello, no basta con identificar la fecha de vencimiento de la deuda: también debe determinarse si el acreedor cuenta con un título ejecutivo, si necesita una acción ordinaria o si existe un plazo especial para el documento utilizado.

En deudas documentadas mediante letras de cambio o pagarés pueden aplicarse reglas especiales. La Ley N° 18.092 establece que las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago prescriben en un año contado desde el vencimiento del documento. En materia de facturas, debe analizarse si la factura fue aceptada, si fue reclamada oportunamente, si existe acuse de recibo y si reúne los requisitos para tener mérito ejecutivo.

Las consecuencias de la prescripción se aplican cuando el deudor la invoca en el procedimiento correspondiente. La prescripción puede interrumpirse por actos jurídicamente relevantes, como el reconocimiento de la obligación o la actuación judicial que corresponda. Después de la interrupción, el plazo vuelve a contarse conforme a la naturaleza de la acción aplicable.

El juicio ejecutivo es una vía especialmente importante para el cobro de deudas en Chile cuando la obligación consta en un título al que la ley reconoce fuerza ejecutiva. El Código de Procedimiento Civil permite utilizar esta vía, entre otros casos, con sentencia firme, copia autorizada de escritura pública, acta de avenimiento autorizada, instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido, confesión judicial, determinados títulos de crédito y otros títulos a los que la ley otorgue fuerza ejecutiva.

En la práctica, el acreedor debe comprobar que la obligación sea líquida o liquidable, vencida, actualmente exigible y respaldada por un documento suficiente. Si el tribunal estima que el título permite la ejecución, puede despachar mandamiento de ejecución y embargo. Este mandamiento ordena requerir de pago al deudor y, si no paga en el acto, permite embargar bienes suficientes para cubrir la deuda, intereses y costas.

Una vez requerido de pago el deudor dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se interpuso la demanda, el ejecutado cuenta con ocho días útiles para oponer excepciones. Si no se oponen excepciones dentro del plazo legal, se omite la sentencia y el mandamiento de ejecución permite continuar con la realización de los bienes embargados y el pago al acreedor conforme al procedimiento de apremio.

Si el deudor opone excepciones, la ejecución entra en una etapa contradictoria limitada a las defensas admitidas por la ley, como pago, prescripción, falta de alguno de los requisitos del título, incompetencia del tribunal u otras excepciones previstas para el juicio ejecutivo. Si las excepciones son rechazadas, la ejecución continúa hasta la realización de bienes y el pago del crédito. Si son acogidas total o parcialmente, el procedimiento puede terminar, limitarse o ajustarse según el alcance de la decisión judicial.

En reclamaciones comerciales, la factura con mérito ejecutivo puede ser decisiva. La Ley N° 19.983 regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura cuando se cumplen sus requisitos. En facturas electrónicas, el acuse de recibo o el reclamo debe informarse dentro del plazo legal de ocho días a través del sistema dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos. Por esta razón, antes de demandar conviene revisar no solo el contrato y la factura, sino también la recepción de mercaderías o servicios, la aceptación o reclamo de la factura, los registros electrónicos y la trazabilidad documental de la operación.

La legislación chilena permite estructurar el cobro judicial de deudas mediante juicio ejecutivo, juicio ordinario y procedimiento de menor cuantía. La elección de la vía depende de la fuerza documental de la deuda, la cuantía, la existencia de controversia, la prescripción, la necesidad de obtener primero una declaración judicial y la posibilidad de iniciar directamente medidas de ejecución.

El juicio ordinario se utiliza cuando el acreedor necesita obtener una declaración judicial previa sobre la existencia, exigibilidad o cuantía de la deuda, o cuando el documento disponible no permite iniciar directamente una ejecución. El proceso comienza con la presentación de la demanda ante el tribunal competente, acompañada de los documentos que acreditan la relación jurídica, la prestación realizada, el incumplimiento, el importe reclamado y los intereses o accesorios que correspondan.

Si la demanda cumple los requisitos legales, el tribunal ordena su notificación al demandado para que conteste. El plazo para presentar contestación a la demanda es de 18 días si el demandado ha sido notificado dentro del territorio jurisdiccional del tribunal ante el cual se presentó la demanda. Si el demandado se encuentra en otra jurisdicción, el plazo puede aumentar conforme a las reglas procesales aplicables.

En la contestación, el demandado debe formular sus defensas, indicar los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya y pronunciarse sobre la reclamación del acreedor. Luego pueden seguir las etapas de réplica y dúplica, cada una por el plazo correspondiente, lo que permite precisar los puntos discutidos antes de la etapa probatoria.

Si el demandado acepta plenamente la reclamación, si no controvierte hechos sustanciales o si las partes solicitan que el asunto se resuelva sin más trámites, el tribunal puede avanzar hacia la decisión conforme al estado del proceso. Si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal recibe la causa a prueba y fija los hechos que deberán acreditarse.

Dentro de los tres días siguientes a la resolución que recibe la causa a prueba, las partes pueden solicitar reposición para modificar, excluir o agregar hechos controvertidos. En el juicio ordinario, el término probatorio ordinario para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal es de 20 días, sin perjuicio de las reglas aplicables cuando la prueba debe producirse fuera de dicho territorio o fuera de Chile.

Vencido el término probatorio, las partes pueden formular observaciones escritas sobre la prueba rendida dentro del plazo procesal correspondiente. Después de revisar los documentos, declaraciones, antecedentes y argumentos presentados, el tribunal dicta sentencia definitiva sobre la deuda reclamada.

El procedimiento de menor cuantía se aplica a reclamaciones superiores a 10 unidades tributarias mensuales y que no exceden de 500 unidades tributarias mensuales, cuando no existe una regla especial distinta. Esta vía conserva la lógica del juicio ordinario, pero con una tramitación abreviada: el demandado dispone de un plazo de ocho días para contestar la demanda y el término de prueba es de 15 días, con las ampliaciones que procedan según la ubicación de la prueba.

La sentencia definitiva de primera instancia puede ser impugnada mediante recurso de apelación dentro del plazo general de diez días desde su notificación. Para otras resoluciones apelables, el plazo general es de cinco días, salvo que exista una regla especial. El recurso debe contener fundamentos de hecho y de derecho, además de peticiones concretas, para que el tribunal superior pueda revisar la resolución dentro del marco planteado por la parte recurrente.

Contra determinadas resoluciones puede proceder el recurso de casación, cuando concurren las causales legales y se cumplen los requisitos procesales. El recurso de casación debe interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia contra la cual se recurre. La Corte Suprema no actúa como una tercera instancia ordinaria de apelación, sino que revisa el recurso dentro de los límites propios de la casación.

Cuando el acreedor ya cuenta con una sentencia extranjera, un laudo arbitral extranjero u otra resolución dictada fuera de Chile, la estrategia debe incluir el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. En Chile, el exequatur es la autorización previa que otorga la Corte Suprema para que una resolución extranjera pueda cumplirse en el país.

Para tramitar el exequatur se prepara la resolución extranjera que se pretende hacer valer en Chile, debidamente legalizada o apostillada y traducida al castellano cuando corresponda. La solicitud se presenta ante la Corte Suprema, los antecedentes pasan al Fiscal Judicial para informe y, finalmente, la Corte resuelve si procede ordenar el cumplimiento de la resolución en Chile.

Una vez concedido el exequatur, la ejecución se solicita ante el tribunal que habría conocido del asunto en primera o única instancia si el juicio se hubiera promovido en Chile. Para un acreedor internacional, esta etapa es especialmente importante cuando el deudor tiene cuentas, bienes, derechos de crédito, inmuebles, participaciones sociales u otros activos ubicados en territorio chileno.

Una vez que la sentencia chilena, el título ejecutivo o la resolución extranjera reconocida pueda hacerse cumplir, el acreedor debe pasar a la etapa de ejecución. En términos generales, la acción ejecutiva prescribe en tres años, sin perjuicio de las reglas aplicables a la conversión de la acción ejecutiva en ordinaria, a títulos especiales y a situaciones procesales concretas.

Durante la ejecución, las reclamaciones del acreedor pueden satisfacerse mediante embargo de fondos, créditos, bienes muebles, inmuebles, vehículos, valores, derechos sociales u otros activos embargables del deudor, seguido de realización, subasta o pago conforme a la naturaleza de los bienes afectados. El valor práctico de esta etapa depende de la identificación temprana de activos, cargas, gravámenes, prohibiciones, litigios pendientes y operaciones recientes que puedan afectar la recuperación.

Si el deudor presenta signos de insolvencia, el acreedor debe valorar la posibilidad de iniciar o participar en un procedimiento concursal de liquidación conforme a la Ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas.

La liquidación forzosa puede ser relevante cuando el deudor deja de pagar una obligación que consta en un título ejecutivo, cuando existen dos o más títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones distintas, al menos dos ejecuciones iniciadas, y el deudor no presenta bienes suficientes para responder a la deuda y las costas dentro del plazo legal, o cuando el deudor o sus administradores no son ubicables y sus oficinas o establecimientos se encuentran cerrados. Esta vía no sustituye automáticamente el cobro individual, pero puede ser útil cuando la recuperación depende de reunir activos, verificar créditos, controlar operaciones del deudor y distribuir el patrimonio disponible entre acreedores.

En esta etapa, si los activos del deudor son insuficientes para satisfacer plenamente las reclamaciones de los acreedores, puede analizarse la acción revocatoria concursal respecto de actos o contratos que hayan perjudicado la masa de acreedores o disminuido injustificadamente el patrimonio disponible.

Una vez iniciado el procedimiento concursal de reorganización o liquidación, los acreedores pueden, y el veedor o liquidador debe, según corresponda, ejercer acción revocatoria concursal respecto de determinados actos ejecutados o contratos celebrados por la empresa deudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio del procedimiento. Entre ellos se incluyen todo pago anticipado, cualquiera que sea su forma; todo pago de deudas vencidas que no se haya realizado en la forma estipulada en el contrato; y toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas.

Si los actos o contratos fueron celebrados a título gratuito o con personas relacionadas a la empresa deudora, el plazo puede ampliarse a dos años. También pueden revocarse actos o contratos celebrados con cualquier persona dentro de los dos años anteriores al inicio del procedimiento concursal cuando se acredite que el contratante conocía el mal estado de los negocios de la empresa deudora y que el acto causó perjuicio a la masa o alteró la igualdad entre acreedores.

Además, las reformas a pactos o estatutos sociales realizadas dentro de los seis meses anteriores al inicio del procedimiento concursal pueden ser revocadas si importan una disminución del patrimonio del deudor. La finalidad de estas acciones es reintegrar bienes o valor económico a la masa, aumentar el patrimonio de liquidación y mejorar la posibilidad de satisfacer créditos y gastos del procedimiento concursal.

Si necesita apoyo en el cobro de deudas en Chile, Grandliga puede acompañarle en todas las etapas del proceso: análisis documental y patrimonial del deudor, fase extrajudicial, negociación, preparación de la estrategia judicial, juicio ejecutivo, juicio ordinario, procedimiento de menor cuantía, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, ejecución sobre activos y medidas relacionadas con insolvencia o liquidación. Nuestro trabajo se orienta a construir una estrategia práctica de recuperación adaptada al documento de deuda, al deudor, a los activos disponibles en Chile y al contexto internacional del acreedor.

24.09.2024

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