Cobro de deudas en Costa Rica

El cobro de deudas en Costa Rica comienza con una evaluación jurídica, financiera y probatoria del deudor. En esta etapa se revisa la naturaleza civil o mercantil de la deuda, la actividad real del deudor, su historial empresarial, la existencia de contratos, facturas, documentos de entrega, reconocimientos de deuda, correspondencia comercial, pagos parciales y otros elementos que permitan acreditar el origen, el monto y la exigibilidad de la obligación.

En Costa Rica, el análisis inicial también debe incluir la verificación de datos registrales útiles para la estrategia de recuperación. Si el deudor es una sociedad, resulta importante comprobar su identificación registral, representación, domicilio, actividad y posibles cambios relevantes. Cuando existen indicios de bienes ejecutables, pueden revisarse fuentes vinculadas al Registro Nacional, incluidas consultas sobre bienes inmuebles, bienes muebles, personas jurídicas y garantías mobiliarias. Esta información ayuda a determinar si conviene iniciar una negociación documentada, presentar una demanda, utilizar un proceso monitorio, solicitar medidas de embargo, ejecutar un título o valorar un proceso concursal.

Si el deudor no tiene un litigio pendiente sobre la misma deuda, mantiene actividad económica, conserva datos de contacto verificables y existen documentos suficientes para demostrar la obligación, normalmente puede iniciarse una fase extrajudicial. Esta etapa no sustituye el procedimiento judicial, pero permite comprobar la posición real del deudor, obtener un pago voluntario, fijar un reconocimiento escrito de deuda o preparar una base probatoria más sólida para el cobro posterior.

La fase extrajudicial se basa en negociaciones documentadas con el deudor. El acreedor puede buscar el pago total, un pago parcial, un calendario de pagos, la devolución de bienes, la compensación de créditos, la asunción de la deuda por un tercero u otra solución comercial que no debilite la posición jurídica para una reclamación posterior.

El contacto con el deudor debe organizarse mediante una comunicación legal, verificable y proporcionada: requerimiento de pago, correo postal, correo electrónico, teléfono, mensajería utilizada por las partes o comunicación a través de representantes. El objetivo no es ejercer presión informal, sino confirmar quién toma las decisiones, aclarar la posición del deudor, obtener una respuesta documentada, fijar un eventual reconocimiento de deuda y conservar pruebas útiles para el procedimiento judicial.

Si el deudor no paga, niega la deuda sin fundamento suficiente, evita la comunicación, incumple un calendario de pago, traslada activos o existen indicios de insuficiencia patrimonial, el acreedor debe valorar el paso al cobro judicial de la deuda o a otras medidas de recuperación previstas por la legislación costarricense.

Antes de iniciar acciones legales, debe determinarse el plazo de prescripción aplicable a la deuda concreta. En materia civil, el Código Civil establece como regla general que todo derecho y su acción prescriben a los diez años, salvo excepciones legales. En materia mercantil, el Código de Comercio establece como regla general un plazo de cuatro años para los derechos y acciones comerciales, con salvedades que prescriben en un año, como determinadas acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o rentas. Por eso, en el cobro de una deuda en Costa Rica no basta con indicar si la deuda existe: también debe calificarse si la obligación es civil, mercantil, periódica, accesoria, documentada en un título o sujeta a una regla especial.

Las consecuencias de la prescripción no se aplican de oficio en materia mercantil; la parte interesada debe oponerla. La prescripción puede interrumpirse, entre otros supuestos, por una demanda o interpelación judicial notificada al deudor, por un requerimiento judicial, notarial o escrito debidamente notificado, por reconocimiento expreso o tácito de la deuda y, según el caso, por el pago comprobado de intereses. En materia civil, la prescripción también puede interrumpirse por reconocimiento del deudor, emplazamiento judicial, embargo o gestión judicial o extrajudicial de cobro.

Tras la interrupción, el plazo de prescripción comienza a contar nuevamente.

La legislación costarricense permite reclamar deudas mediante el proceso ordinario, el proceso sumario en los casos previstos, el proceso monitorio para obligaciones dinerarias líquidas y exigibles sustentadas en documentos, y la ejecución cuando ya existe una resolución, título o documento que permite pasar a una fase de cumplimiento forzoso.

En las audiencias judiciales las partes deben actuar asistidas por un abogado, salvo que ellas mismas sean profesionales en derecho. En los actos escritos se requiere la autenticación de un abogado; si se omite este requisito, el tribunal puede ordenar la subsanación en el plazo legal correspondiente o la ratificación escrita, bajo apercibimiento de declarar inatendible la gestión. Para un acreedor extranjero, esto significa que la demanda, los escritos y los documentos procesales deben prepararse de forma compatible con las exigencias del procedimiento costarricense.

El proceso ordinario se utiliza para las pretensiones que no tienen un procedimiento expresamente señalado. Comienza con la presentación de la demanda ante el tribunal competente. Si la demanda cumple los requisitos legales, se emplaza al demandado y se le concede un plazo perentorio de treinta días para contestar la demanda y, en su caso, formular reconvención.

El demandado deberá responder por escrito a todos los hechos alegados en la demanda, en el orden en que fueron presentados, explicando razonablemente si los niega o los admite. También deberá expresar claramente su posición respecto de las pretensiones y su valoración, exponer los fundamentos de derecho y pronunciarse sobre las pruebas presentadas y propuestas por el demandante.

Si el demandado no contesta adecuadamente los hechos, el tribunal puede señalar las deficiencias que deben subsanarse en el plazo de cinco días. Si no se corrigen, pueden tenerse por admitidos los hechos respecto de los cuales no hubo una respuesta adecuada.

Si el demandado no responde, responde tarde o admite la demanda, el tribunal puede tener por probados los hechos aportados por el demandante, salvo que sean refutados por las pruebas disponibles en el expediente. En esos supuestos puede dictarse sentencia anticipada sin más trámite, salvo que existan circunstancias procesales que impidan resolver de esa forma.

Después de recibir la contestación, si no hay cuestiones procesales que requieran una resolución interlocutoria, el tribunal puede señalar una audiencia preliminar. En esta audiencia se informa a las partes sobre el objeto del proceso, se intenta la conciliación, se aclaran las pretensiones, se resuelven excepciones procesales, se define la cuantía, se fija el objeto del debate, se admite la prueba y se decide si es necesaria una audiencia complementaria.

Si por la naturaleza del caso no existe prueba que practicar o no se justifica una audiencia complementaria, al finalizar la audiencia preliminar se permite a las partes formular conclusiones y el juez puede dictar sentencia.

Cuando sea necesaria una audiencia complementaria, esta debe celebrarse dentro de los veinte días siguientes a la audiencia preliminar, salvo que exista justificación para un plazo mayor. En esa audiencia se practica la prueba, se escuchan las conclusiones de las partes, se delibera y se dicta la sentencia.

El proceso monitorio es una vía importante para el cobro de obligaciones dinerarias en Costa Rica, pero no se aplica a cualquier reclamación. Procede para el cobro de obligaciones de dinero líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella. Por eso, antes de elegir esta vía debe verificarse que el documento permita identificar de forma indubitable al deudor, el origen de la obligación, el monto reclamado y su exigibilidad.

El documento que sirve de base al monitorio dinerario debe ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte donde aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma u otra señal equivalente. Si se aporta un título ejecutivo, el tribunal puede ordenar, a petición de parte, el embargo por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por ciento adicional para cubrir intereses futuros y costas. Si el documento carece de fuerza ejecutiva, la medida cautelar puede requerir el depósito de garantía correspondiente.

Si el tribunal considera que la solicitud reúne los requisitos procesales, dicta una resolución intimatoria y concede al deudor un plazo de cinco días para pagar o para oponerse. Si el deudor se allana, no se opone dentro del plazo o formula una oposición infundada, la resolución se ejecuta sin más trámite.

La oposición del deudor en el monitorio dinerario está limitada a causas concretas: falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago comprobado por escrito o prescripción. Si existe oposición fundada, se señala una audiencia oral conforme a las reglas del proceso sumario. La sentencia decide si confirma o revoca la resolución intimatoria. Cuando se acoge la oposición, el acreedor puede solicitar la conversión del proceso monitorio a ordinario según las reglas aplicables.

Las resoluciones judiciales solo pueden impugnarse por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. En materia civil, el recurso de apelación procede únicamente contra las resoluciones para las que esté previsto. Cuando se trata de sentencias apelables, el plazo para apelar es de cinco días. La segunda instancia puede revisar la procedencia formal del recurso, las cuestiones de nulidad y los puntos objeto de impugnación, y puede celebrar audiencia oral si se admite prueba o si el tribunal la considera pertinente.

La casación no constituye una tercera instancia automática para cualquier deuda. El recurso de casación procede contra sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables y en los demás supuestos expresamente previstos por la ley. El plazo para interponerlo es de quince días, y el recurso debe identificar el proceso, las normas infringidas o erróneamente aplicadas y los motivos concretos de impugnación. La sentencia dictada por la sala de casación no admite recurso ordinario posterior.

En los casos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras o laudos extranjeros, el acreedor debe obtener primero su reconocimiento en Costa Rica para que produzcan efectos de cosa juzgada en el territorio nacional. Para ello se requiere copia auténtica de la resolución extranjera, cumplimiento de los requisitos diplomáticos o consulares exigidos, traducción oficial si la resolución está en otro idioma, acreditación del emplazamiento legal del demandado en el proceso de origen, ausencia de competencia exclusiva costarricense, conexión con Costa Rica, compatibilidad con el orden público nacional y ausencia de un proceso pendiente o sentencia firme en Costa Rica sobre el mismo asunto.

El reconocimiento corresponde a la sala de casación competente según la materia y se tramita por el procedimiento incidental. Si el reconocimiento se concede, se comunica al juzgado del lugar donde esté domiciliado el obligado para su ejecución. Si el demandado está domiciliado fuera de Costa Rica, será competente el tribunal del lugar que elija el demandante. Si se desconoce el domicilio del demandado, puede nombrarse curador procesal y el obligado podrá comparecer en el estado en que se encuentre el proceso.

Una vez que la sentencia, la resolución reconocida o el título ejecutable pueda hacerse cumplir, el acreedor debe iniciar la fase de ejecución judicial. Cuando la ejecución se refiere al pago de una suma líquida y exigible, el tribunal puede decretar embargo sobre bienes del deudor susceptibles de esa medida, por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por ciento para cubrir intereses futuros y costas.

En la práctica, la ejecución puede dirigirse contra sueldos, rentas, depósitos, cuentas, títulos, ingresos periódicos, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes registrados, valores negociables y otros activos embargables. El embargo de depósitos, cuentas, títulos o ingresos periódicos se comunica por la vía más expedita posible, y el funcionario o entidad encargada debe ejecutar lo ordenado y depositar de inmediato las sumas o bienes correspondientes. Cuando se trata de bienes o derechos registrados, el tribunal anota directamente el embargo en el registro respectivo por medios tecnológicos, y el embargo se tiene por practicado con esa anotación.

Si los bienes embargados deben convertirse en dinero, la ejecución puede continuar mediante venta forzosa, remate o venta anticipada cuando exista riesgo de desaparición, deterioro, pérdida de valor o conservación difícil o costosa. Por eso, en el cobro de deudas en Costa Rica resulta importante identificar activos registrables, cuentas, ingresos periódicos y otros bienes antes o durante el litigio, porque una sentencia favorable solo tiene valor práctico si puede transformarse en recuperación efectiva.

Si el deudor presenta signos de insuficiencia patrimonial, el acreedor debe valorar la apertura o intervención en un proceso concursal. En Costa Rica, la legislación concursal sustituyó las referencias tradicionales a quiebra, insolvencia y concurso civil de acreedores por un régimen unificado de concurso, con fases y efectos propios. El concurso puede ser promovido, entre otros, por el deudor o por sus acreedores, y su apertura modifica la forma en que los créditos se reclaman y se ejecutan.

La solicitud del propio deudor debe explicar de forma clara, detallada y cronológica los motivos de la insuficiencia patrimonial actual o inminente, aportar inventario de bienes materiales e inmateriales, identificar gravámenes, anotaciones, disputas, ejecuciones en trámite, listado de acreedores, deudores, trabajadores y demás información patrimonial relevante. Para el acreedor, estos elementos son útiles para valorar si existe una posibilidad real de recuperación, si conviene continuar con una ejecución individual o si la reclamación debe canalizarse dentro del concurso.

La apertura del concurso puede afectar directamente la estrategia de cobro. Los procesos judiciales o arbitrales no cobratorios iniciados antes de la declaratoria pueden continuar hasta su conclusión, pero los procesos cobratorios y ejecuciones dinerarias contra bienes del concursado se suspenden en lo que pretendan perseguir esos bienes, salvo excepciones legales. Después de la apertura, los nuevos procesos cobratorios o ejecuciones dinerarias contra el concurso quedan sujetos al régimen concursal.

Cuando los activos del deudor son insuficientes, adquiere especial importancia el análisis de actos perjudiciales para la masa de acreedores. La legislación concursal permite cuestionar actos de nulidad o ineficacia previstos por la legislación común y también regula supuestos de inoponibilidad frente al concurso. Son inoponibles al concurso los actos a título gratuito realizados dentro de los dos años anteriores a la solicitud de apertura, salvo excepciones relacionadas con liberalidades remunerativas o conformes a usos y costumbres que no sean desproporcionadas.

También pueden ser inoponibles, salvo que se acredite que no perjudican al concurso, determinados actos realizados dentro del año anterior a la solicitud de apertura, como la constitución o ampliación de garantías reales o fiduciarias sobre bienes del concursado a favor de obligaciones preexistentes o nuevas contraídas en sustitución de estas, el pago de obligaciones no vencidas al momento de la solicitud y el pago o novación objetiva de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles mediante bienes distintos, cuando no sea acorde con la costumbre o lo pactado.

Además, puede demandarse la ineficacia frente al concurso de otros actos de disposición patrimonial realizados dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de apertura, si causaron perjuicio a la masa de acreedores y el deudor conocía o debía conocer el efecto lesivo del acto. En actos onerosos, también debe valorarse si la contraparte conocía o debía conocer el perjuicio. Si prospera la acción de inoponibilidad promovida por un acreedor reconocido, este puede tener un derecho preferente sobre los bienes o derechos recuperados hasta el cincuenta por ciento del saldo de su crédito, además del reembolso de los gastos del proceso.

Si necesita apoyo con el cobro de deudas en Costa Rica, podemos analizar al deudor y sus activos, revisar contratos, facturas, correspondencia y documentos de reconocimiento de deuda, preparar una estrategia extrajudicial, coordinar el procedimiento judicial, acompañar el proceso monitorio u ordinario, apoyar la ejecución, valorar el reconocimiento de una sentencia o laudo extranjero y actuar en situaciones vinculadas al proceso concursal. La estrategia se define según la naturaleza de la deuda, el plazo de prescripción, la calidad de las pruebas, la ubicación de los activos y la conducta del deudor.

03.09.2024

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