Un acreedor extranjero puede estar litigando una deuda en Alemania, Polonia, Italia, Ucrania u otro país mientras un testigo importante, una empresa vinculada o una persona que posee documentos esenciales se encuentra en Estados Unidos. Para utilizar esas pruebas no es necesario trasladar el litigio principal sobre la deuda a un tribunal estadounidense.
El 28 U.S.C. § 1782 permite, bajo determinadas condiciones, que un tribunal federal de distrito de Estados Unidos ordene a una persona prestar testimonio, producir documentos o proporcionar otros elementos de prueba destinados a ser utilizados en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional extranjero o internacional que cumpla los requisitos de la norma. La solicitud puede ser presentada por el propio órgano extranjero o por una “persona interesada”, categoría que puede incluir a una parte del procedimiento extranjero.
Para un acreedor internacional, este mecanismo puede resultar especialmente útil cuando una prueba necesaria para un litigio en otro país mantiene una conexión real con Estados Unidos. Sin embargo, el § 1782 no es una herramienta general para obtener cualquier información sin límites. Incluso si se cumplen los requisitos legales, el tribunal conserva la facultad de decidir si autoriza o no la obtención de las pruebas solicitadas.
Cuándo puede un acreedor extranjero utilizar el § 1782
Para que el § 1782 resulte aplicable deben cumplirse varias condiciones de forma conjunta.
La persona o empresa a la que se solicitan las pruebas debe residir o considerarse localizada en el distrito federal en el que se presenta la solicitud.
El solicitante debe ser una “persona interesada” o actuar a petición de un órgano jurisdiccional extranjero o internacional que reúna los requisitos exigidos por la norma.
La solicitud debe referirse a pruebas —por ejemplo, documentos, testimonios u otros materiales— destinadas a ser utilizadas en el correspondiente procedimiento extranjero.
Este último requisito es fundamental. No basta con afirmar que la información obtenida en Estados Unidos podría ser útil para el acreedor en algún momento futuro. Debe existir una conexión real entre las pruebas solicitadas y un procedimiento extranjero concreto o suficientemente definido.
En Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004), la Corte Suprema de Estados Unidos aclaró que el procedimiento extranjero no tiene que estar necesariamente iniciado en el momento de presentar la solicitud conforme al § 1782.
No obstante, debe encontrarse razonablemente contemplado — within reasonable contemplation.
Esta distinción puede ser importante para un acreedor que todavía está preparando una demanda. En determinadas circunstancias es posible solicitar pruebas antes del inicio formal del procedimiento, pero la mera posibilidad abstracta de que algún día pueda surgir un litigio no es suficiente.
El solicitante debería poder demostrar que el procedimiento se está preparando realmente y explicar cómo se utilizarán en él los materiales solicitados.
Qué pruebas puede ordenar un tribunal estadounidense
El § 1782 puede abarcar testimonios o declaraciones personales, documentos y otros elementos materiales de prueba.
En un litigio comercial relativo a una deuda, dependiendo de las circunstancias, podrían resultar relevantes:
- correspondencia contractual y comercial;
- documentos relativos a pagos u operaciones específicas;
- información sobre una transacción controvertida;
- documentación interna directamente relacionada con el objeto del litigio;
- testimonio de una persona con conocimiento directo sobre la celebración o ejecución de un contrato;
- materiales relativos a un pago concreto, una transferencia de activos o una operación discutida.
Lo decisivo no es la denominación del documento, sino su relación con el procedimiento extranjero.
Salvo que el tribunal disponga otra cosa, la obtención de las pruebas se realiza conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Civil de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el § 1782 no elimina automáticamente los privilegios y protecciones de confidencialidad reconocidos por la ley. Por ejemplo, una comunicación protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente no pasa a ser accesible simplemente porque se haya presentado una solicitud conforme al § 1782.
Por ello, una solicitud bien preparada no debería limitarse a incluir una lista extensa de documentos deseados. También debería explicar de forma clara por qué cada categoría de materiales resulta necesaria para acreditar una cuestión concreta en el procedimiento extranjero.
Cumplir los requisitos legales no garantiza la obtención de las pruebas
Incluso cuando se cumplen formalmente las condiciones del § 1782, el tribunal federal conserva una amplia facultad discrecional.
En Intel, la Corte Suprema identificó cuatro factores principales que los tribunales pueden valorar al decidir si conceden la asistencia solicitada.
En primer lugar, importa determinar si la persona a la que se piden las pruebas ya participa en el procedimiento extranjero.
Si esa persona ya es parte del asunto y el tribunal extranjero puede obligarla eficazmente a presentar los materiales necesarios, la necesidad de asistencia judicial estadounidense puede ser menor.
Por el contrario, el § 1782 puede tener especial valor cuando los documentos o el testigo están en poder de un tercero que no participa en el procedimiento extranjero y se encuentra, en la práctica, fuera del alcance coercitivo del tribunal extranjero.
En segundo lugar, el tribunal estadounidense puede considerar la naturaleza del órgano extranjero, las características del procedimiento y su disposición a recibir pruebas obtenidas con la asistencia de un tribunal de Estados Unidos.
En tercer lugar, puede analizarse si la solicitud intenta eludir restricciones o normas extranjeras sobre obtención de pruebas.
En cuarto lugar, las solicitudes excesivamente amplias, gravosas o invasivas pueden ser rechazadas o reducidas de forma significativa.
Por tanto, una solicitud jurídicamente admisible puede fracasar en la práctica si está mal formulada.
Solicitar toda la correspondencia, todas las operaciones y todos los documentos relacionados con un deudor durante muchos años será valorado de manera muy distinta a una solicitud específica relativa a un contrato concreto, un pago, una transferencia de activos o un hecho determinado que deba acreditarse en un litigio claramente definido.
El derecho extranjero no tiene que prever un mecanismo idéntico de obtención de pruebas
Una de las conclusiones más importantes de Intel es que el § 1782 no exige, como regla general, que las pruebas solicitadas también puedan obtenerse mediante un mecanismo equivalente previsto por el derecho procesal del país extranjero.
En otras palabras, el hecho de que el ordenamiento en el que se tramita el litigio no contemple un procedimiento de exhibición forzosa de documentos idéntico al estadounidense no impide, por sí solo, acudir a un tribunal federal de Estados Unidos.
La Corte Suprema rechazó introducir esa limitación adicional en el texto de la norma.
Sin embargo, eso no significa que las reglas del procedimiento extranjero carezcan de importancia.
El tribunal estadounidense puede considerar si el § 1782 se utiliza para eludir una prohibición concreta o una política procesal establecida en la jurisdicción extranjera.
Conviene distinguir dos situaciones.
En la primera, el derecho extranjero simplemente no proporciona a una parte un mecanismo equivalente al estadounidense para obtener determinadas pruebas de manera coercitiva.
En la segunda, el tribunal extranjero o la legislación aplicable prohíben o limitan expresamente la obtención o utilización de una categoría concreta de pruebas.
Esta segunda situación puede influir de forma importante en la decisión del tribunal federal estadounidense.
El arbitraje internacional privado después de ZF Automotive
Una limitación importante al ámbito de aplicación del § 1782 fue confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos en ZF Automotive US, Inc. v. Luxshare, Ltd., 596 U.S. 619 (2022).
La Corte resolvió por unanimidad que la expresión foreign or international tribunal utilizada en el § 1782 se refiere a órganos que ejercen autoridad gubernamental o intergubernamental, y no a órganos privados ordinarios de resolución de controversias.
Por ello, los tribunales arbitrales examinados por la Corte Suprema en ese asunto no estaban incluidos en el ámbito del § 1782.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas directas para el cobro internacional de deudas.
Un acreedor no debería asumir que el § 1782 está disponible simplemente porque un contrato contiene una cláusula de arbitraje comercial internacional.
Si el tribunal arbitral ha sido constituido por acuerdo de las partes y tiene naturaleza privada, después de ZF Automotive puede que no sea posible obtener pruebas mediante el § 1782.
El análisis puede ser más complejo cuando el órgano ha sido creado por uno o varios Estados o cuando sus facultades derivan directamente de una autoridad gubernamental o intergubernamental.
Por tanto, lo decisivo no es únicamente la denominación “arbitraje”, sino la naturaleza jurídica del órgano encargado de resolver la controversia.
La naturaleza del procedimiento extranjero debería comprobarse antes de que el acreedor incurra en costes significativos para preparar una solicitud conforme al § 1782.
Por qué es fundamental elegir el distrito federal correcto
Otro error frecuente consiste en pensar que una empresa que opera en Estados Unidos puede ser obligada a proporcionar pruebas ante cualquier tribunal federal que resulte conveniente.
El § 1782 atribuye competencia al tribunal del distrito en el que la persona “reside o se encuentra” — resides or is found.
Sin embargo, los tribunales federales de apelación no interpretan la expresión is found de manera uniforme en todo Estados Unidos.
En In re del Valle Ruiz, 939 F.3d 520 (2d Cir. 2019), el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito adoptó un enfoque relativamente amplio.
El tribunal relacionó el concepto found con los límites de la jurisdicción personal compatibles con las garantías constitucionales del debido proceso y analizó también la relación entre los contactos del destinatario con el distrito y las pruebas solicitadas.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito adoptó un enfoque más restrictivo en In re Eli Lilly & Co., 37 F.4th 160 (4th Cir. 2022).
Eli Lilly intentó obtener de Novartis Pharma AG documentos destinados a ser utilizados en procedimientos europeos sobre patentes.
El Cuarto Circuito confirmó la denegación de la solicitud y concluyó que Novartis no podía considerarse “localizada” en el Eastern District of Virginia en ausencia de la presencia física exigida.
Para un acreedor extranjero, estas diferencias tienen consecuencias muy prácticas.
Antes de presentar una solicitud conviene determinar:
- quién posee o controla realmente las pruebas necesarias;
- dónde se encuentra esa persona o empresa;
- qué tribunal federal de distrito podría ser competente;
- qué jurisprudencia del correspondiente circuito federal de apelación resulta aplicable;
- si la conexión del destinatario con el distrito satisface la interpretación local de resides or is found.
Elegir un tribunal únicamente por razones de conveniencia puede llevar al rechazo de la solicitud antes incluso de que el juez examine la utilidad de las pruebas solicitadas.
¿Pueden obtenerse documentos almacenados fuera de Estados Unidos?
El hecho de que un archivo electrónico o un documento físico se encuentre almacenado fuera de Estados Unidos no excluye necesariamente la aplicación del § 1782.
En In re del Valle Ruiz, el Segundo Circuito concluyó que la norma no establece una prohibición general de obtener materiales únicamente porque estén situados fuera de Estados Unidos.
El Undécimo Circuito siguió un enfoque similar en Sergeeva v. Tripleton International Ltd., 834 F.3d 1194 (11th Cir. 2016).
En términos prácticos, puede ser relevante no solo la ubicación física del documento, sino también si se encuentra en posesión, custodia o bajo el control de la persona a la que se dirige la solicitud.
Esto no significa, sin embargo, que una empresa estadounidense pueda ser obligada automáticamente a obtener cualquier documento de cualquier sociedad extranjera perteneciente al mismo grupo empresarial.
El tribunal puede valorar el control efectivo sobre los documentos, las relaciones societarias, la amplitud de la solicitud, la carga que supone para el destinatario y otras circunstancias relevantes.
Por ello, el acreedor extranjero debería explicar de forma concreta por qué precisamente el destinatario en Estados Unidos posee, custodia o controla realmente los documentos solicitados.
Por qué el § 1782 no es una herramienta general para localizar activos del deudor
El § 1782 puede parecer especialmente atractivo en un litigio internacional sobre una deuda porque las pruebas relevantes para el procedimiento pueden coincidir, en parte, con información sobre activos, pagos o transferencias realizadas por el deudor.
Sin embargo, la norma no crea un procedimiento estadounidense autónomo que permita al acreedor investigar sin límites todos los bienes del deudor en cualquier parte del mundo.
Las pruebas solicitadas deben estar destinadas a utilizarse en un procedimiento extranjero que cumpla los requisitos legales.
Por ejemplo, si un acreedor impugna ante un tribunal extranjero una presunta transferencia de activos a un tercero y una persona situada en Estados Unidos posee comunicaciones directamente relacionadas con esa operación, una solicitud específica puede mantener una conexión clara con el objeto del litigio.
La situación es muy diferente cuando se solicita información sobre todas las cuentas, sociedades, operaciones y activos del deudor únicamente con la esperanza de encontrar algo útil para una futura ejecución.
Una estrategia basada en el § 1782 debería comenzar no con la lista más amplia posible de información deseada, sino con la cuestión concreta que debe demostrarse en el procedimiento extranjero.
Si el objetivo principal sigue siendo recuperar la deuda, el § 1782 debería considerarse solo uno de los posibles instrumentos procesales dentro de una estrategia más amplia de cobro de deudas en Estados Unidos, y no como sustituto del litigio, del reconocimiento de una resolución, de la ejecución forzosa o de una investigación legítima de activos.
Qué conviene preparar antes de presentar la solicitud
Antes de recurrir al § 1782, el acreedor debería preparar cuidadosamente la base procesal de la futura solicitud.
El procedimiento extranjero debe describirse con la mayor precisión posible: órgano competente, partes, naturaleza de las pretensiones y fase actual del asunto.
Si el procedimiento todavía no se ha iniciado formalmente, el solicitante debería disponer de elementos suficientes para demostrar que se está contemplando realmente y que no constituye una mera posibilidad teórica.
A continuación debe identificarse por separado al destinatario de la solicitud.
No es necesario que sea el propio deudor.
En la práctica, un tercero que posea documentos concretos o conocimiento directo de los hechos puede constituir una fuente de prueba especialmente valiosa cuando esos materiales no pueden obtenerse eficazmente a través del tribunal extranjero.
Cada categoría de documentos solicitados debería vincularse a una cuestión específica del procedimiento extranjero.
Una solicitud de “todos los documentos relacionados con el deudor” suele ser mucho más difícil de justificar que una solicitud limitada a un contrato concreto, un pago, una transferencia de activos, una declaración de una parte o una operación controvertida.
Antes de presentar la solicitud también es necesario comprobar cuál es el distrito federal correcto y qué jurisprudencia de apelación resulta vinculante en él.
Cuando el destinatario es una empresa multinacional, el simple hecho de que el grupo desarrolle actividades en Estados Unidos puede no ser suficiente.
Por último, los factores de Intel deberían analizarse desde la fase de preparación de la solicitud y no únicamente después de que el destinatario formule objeciones.
Conviene valorar previamente:
- si las pruebas pueden obtenerse directamente mediante el procedimiento extranjero;
- cómo considera el órgano extranjero las pruebas obtenidas en Estados Unidos;
- si la solicitud puede interpretarse como un intento de eludir restricciones extranjeras;
- si la solicitud es suficientemente precisa y proporcionada;
- qué carga impondrá su cumplimiento al destinatario.
Importancia práctica para un acreedor extranjero
La principal particularidad del § 1782 es que permite utilizar un mecanismo procesal estadounidense para obtener pruebas sin trasladar a Estados Unidos la resolución sobre el fondo del litigio extranjero relativo a la deuda.
Este instrumento puede ser especialmente útil cuando el acreedor es capaz de identificar simultáneamente cuatro elementos:
una laguna probatoria concreta, un procedimiento extranjero que cumpla los requisitos legales, un destinatario adecuado en Estados Unidos y una solicitud suficientemente delimitada para superar el control discrecional del tribunal.
Sus limitaciones son igualmente importantes.
Después de ZF Automotive, un arbitraje comercial privado puede quedar fuera del ámbito del § 1782.
La interpretación de resides or is found puede variar entre los diferentes circuitos federales de apelación.
Una solicitud excesivamente amplia puede ser limitada o rechazada por completo.
Además, el § 1782 no está diseñado para permitir una búsqueda general y especulativa de activos sin una relación suficiente con un procedimiento extranjero que cumpla los requisitos legales.
Por ello, en un litigio transfronterizo sobre una deuda conviene analizar cuanto antes cualquier conexión estadounidense con las pruebas relevantes.
Si documentos importantes o testigos se encuentran en poder de una persona o empresa vinculada a Estados Unidos, el primer paso práctico debería ser comprobar el distrito federal adecuado, la naturaleza del procedimiento extranjero y la finalidad concreta para la que se utilizará la prueba solicitada.
